El Estado de Emergencia Económico como herramienta para la destrucción de la economía
Abogado, y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y en la Universidad Metropolitana (Unimet).
El proceso de deterioro de la economía nacional, hecho público, notorio, y comunicacional, se ha desarrollado paradójicamente de la mano de la declaratoria del Estado de Emergencia Económico previsto en el segundo párrafo del artículo 338 de la Constitución, el cual está vigente en Venezuela, increíblemente desde el año 2016. En efecto, debemos recordar que, en el 2015, la oposición venezolana obtuvo un triunfo abrumador en las elecciones parlamentarias de aquel año, consiguiendo de esta manera las dos terceras partes de las curules del órgano legislativo nacional. Este hecho, debió ser un punto de inflexión positivo, puesto que en teoría obligaba al Ejecutivo Nacional, a negociar con la mayoría parlamentaria de la oposición, especialmente temas económicos y presupuestarios, lo cual habría, sin lugar a dudas, abonado el camino de la recuperación económica.
No obstante, el gobierno decidió tomar otro camino y en 2016, bajo la nefasta tesis de la “guerra económica”, dictó el primer Decreto de Emergencia Económica, el cual para su validez y eficacia requería de la aprobación de aquella mayoría parlamentaria. Sin embargo, el Poder Judicial, abiertamente politizado, decidió, a contrapelo de lo expresamente establecido en la Constitución, confirmar aquel Decreto, que confería amplísimos poderes al Ejecutivo Nacional en materia económica.
El Decreto ha sido renovado y prorrogado de manera consecutiva cada dos meses desde aquellos lejanos días del 2016, siendo su última reedición la contenida en el Decreto número 4.194, publicado en la Gaceta Oficial 6.534, Extraordinario de fecha 04 de mayo de 2020. Este inconstitucional e irracional modo de proceder, lejos de mejorar la situación económica, sólo la ha agravado aún más.
En la práctica, dicho Decreto, solo ha servido para menoscabar los derechos de propiedad y libre empresa que consagra nuestra Constitución en su artículo 112 y 115, mediante la imposición de restricciones a la libre circulación del dinero, la fijación artificial de precios, la imposición nada razonable de ganancias máximas, la aprobación del presupuesto nacional sin autorización de la Asamblea Nacional, entre otros tantos atropellos a los derechos ciudadanos.
Las consecuencias de ese salvaje trato a la economía nacional las hemos sufrido todos, desde la escasez de bienes de primera necesidad, como alimentos y medicinas, la peor hiperinflación del hemisferio occidental, la pulverización del salario, y más recientemente, la dolarización de facto de la economía, en detrimento de las masas a las que se pretendía proteger, quienes se han visto en la obligación de abandonar el país por millones, en busca de satisfacer las necesidades que en Venezuela, lamentablemente es imposible.
En conclusión, es necesario entender que el país, y por supuesto eso incluye a la economía, no se lo puede manejar manu militari o por la fuerza de las bayonetas, y gobernando por decreto. Para que un país crezca es necesario que la política se desarrolle desde el respeto a los derechos y libertades consagrados en la Constitución, con tolerancia y reconocimiento al que piensa diferente, y resolviendo esas diferencias mediante el dialogo, la negociación y el consenso.
No obstante, pareciera que en la Venezuela de hoy nada de esto es posible, sin un cambio democrático, que permita restablecer las libertades ciudadanas y la conformación de un gobierno legal y legítimo, con reconocimiento internacional, y que pueda asumir la dirección del país desde una perspectiva totalmente diferente a la que se ha pretendido imponer durante los últimos veinte años. Caracas, 9 de mayo de 2020